Tales datos muestran claramente la falsedad de la postura sostenida por los economistas y políticos conservadores y liberales (en realidad, neoliberales) que justifican los enormes recortes de gasto público sanitario que están ocurriendo en España con el argumento de que el sector sanitario público está hipertrofiado y necesita una reducción para sanearlo. Los datos señalan lo opuesto. La sanidad pública en España está profundamente subfinanciada. En realidad, España se gasta en sanidad una cantidad menor de lo que debiera gastarse por su nivel de riqueza.
Conscientes de la gran impopularidad de tales recortes, las fuerzas políticas conservadoras y neoliberales que las están imponiendo, o que las están apoyando desde la oposición, los justifican con los argumentos de que tienen que realizarse debido a la presión de los mercados financieros, de la Comisión Europea ( Institución que en el marco constitucional de la Unión Europea que perfilan sus Tratados, encarna la rama ejecutiva del poder comunitario), el Banco Central Europeo ( banco central de la moneda única europea, el Euro, y constituye el principal eje del sistema europeo ) y del binomio Merkel-Sarkozy ( unión de la presidenta alemana (Merkel) y del presidente francés (Sarkozy)), que lidera las propuestas de austeridad de gasto público social en la Eurozona. Por mucho que parezca sorprendente, tal aseveración es errónea y, a la luz de los datos existentes, poco creíble. Un cálculo del tamaño que el Estado (central y autonómico) quiere ahorrarse con tales recortes nos lleva a una cifra de alrededor de 6.000 millones de euros. Pero tal reducción del déficit podría haberse conseguido, no a través de los recortes sanitarios, sino mediante el aumento de impuestos que afectan primordialmente a las rentas superiores, tal como el impuesto de patrimonio (2.100 millones), manteniéndolo en lugar de eliminarlo tal como se ha hecho; el impuesto de sucesiones (2.552 millones), eliminando su reducción aprobada, por cierto, por los partidos que están apoyando los recortes; y el impuesto de las grandes empresas (5.300 millones) que facturan más de 150 millones de euros al año (0,12% de todas las empresas), anulando la bajada de tales impuestos, también aprobada por tales partidos. El hecho de que tales alternativas –la subida de impuestos- hubieran recaído primordialmente en sectores de la población (las clases pudientes), que, aún cuando sean minoritarios, tienen una enorme influencia política, habiendo gozado históricamente de grandes privilegios fiscales, explica que ni siquiera se considere, optando, en cambio, por la reducción del déficit público del Estado mediante recortes del gasto público social que financia el Estado del Bienestar utilizado por la mayoría de la población. Ello señala el poder diferencial que las distintas clases sociales tienen sobre el aparado del Estado, tanto central como autonómico.
Una causa de este bajo gasto público sanitario es la concentración del poder político y mediático en el 25% de la población española que se resiste a pagar el mismo nivel de impuestos que el promedio de la UE-15 y cree erróneamente que no queda afectada por la pobreza de la sanidad pública al utilizar la privada. Tal visión, sin embargo, es profundamente errónea. La pobreza de la pública les afecta, pues en caso de enfermedad crónica y/o grave, la privada no podrá atenderles y terminarán en la pública. La privada discriminará a favor de los casos leves. Y de ahí el error de creerse que no les afecta. Sí lo hace, y mucho.
En cuanto a los recortes en educación, el pasado día 30 de Septiembre el Gobierno presentó el Proyecto de
Presupuestos Generales para el año 2011 que contemplan una drástica reducción del 38% en las inversiones frente al presupuesto del año pasado, con una bajada en todos los ministerios. Sólo crece el gasto total en Pensiones, Seguridad Social, Deuda pública y subvenciones al transporte. Así, han habido recortes en la oferta del trabajo público, en las retribuciones de los funcionarios docentes (tanto congelación de los mismos como bajarlos, incumpliendo así el acuerdo de la administración con los sindicatos para la función pública, firmado en Sept. 2009, que el gobierno había pactado, que recogía una subida del 0'35 de los salarios.), en la enseñanza concertada y en las partidas dedicadas a educación. Como conclusión, determinamos que, una vez estudiados los Presupuestos Generales, podemos decir que el Gobierno español ha cambiado sus propios planteamientos
iniciales, provocando un giro radical en su política económica y social. Ahora se orienta de forma clara hacia un severo recorte del gasto público, rebaja esta que recae fundamentalmente sobre las espaldas de los pensionistas, empleados públicos, funcionarios y trabajadores en general. Además, reduce de forma drástica la inversión pública,
aspecto que afectará al crecimiento económico y como consecuencia a la creación de empleo. Por otra parte y para contentar a losempresarios se está imponiendo una reforma laboral que recorta derechos laborales a los trabajadores.
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